De los 108 millones de mexicanos, casi 46 millones tienen una actividad productiva. El 6.5% de ellos, casi tres millones de personas, viven del erario, en cualquiera de los niveles de gobierno o de las entidades paraestatales. Y de éstos, alrededor de 50 mil ejercen funciones que les permiten decidir, con diferencias de poder entre ellos, qué hacer con alrededor de cuatro billones de pesos (320 mil millones de dólares), un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) que al año se ejercen de dinero público que, en teoría, deberían encaminarse a elevar la calidad de vida de toda la población, y no sólo la que a ellos les interesa.
En México tenemos un problema de gestión pública ancestral, que hace unos años evolucionó sin que todavía se vea influido sustantivamente por los intereses generales de la población. Durante el largo periodo de la Revolución de 1910-1917, el sistema de partido único en el gobierno creó un hábito entre los servidores públicos. Cada uno se cuidaba de quedar bien sólo con sus superiores, porque eran los que les proporcionaban beneficios y permanencia en su labor.
Esta conducta se sintetiza bien, con ironía e impunidad, con la frase del abogado veracruzano César Garizurieta: “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. Garizurieta fue diputado federal y embajador de México en Haití y en Honduras en la mitad del siglo XX, hasta que fue obligado, dijo, a salir del servicio público y “a morirse de hambre”. Todavía hay muchos servidores públicos que siguen su ejemplo.
La llegada de otro partido político a la Presidencia de la República en el 2000 y la alternancia en el poder transformó parcialmente la convicción de vida de muchos servidores públicos. Ahora que ya no tienen la certeza de perdurar en la fuente de sus beneficios las decisiones que toman sobre el dinero público se destinan al corto plazo, a fortalecer a su grupo político para mantenerse otros tres o seis años más en el poder.
El contexto histórico de la política nacional en 90 años ha inhibido que entre los servidores públicos surjan los que tienen visión y convicción de estadista, que ubiquen sus decisiones en un proceso de largo plazo, planificado y dirigido eficientemente a resolver carencias sociales de la población: salud, educación, trabajo, servicios públicos, infraestructura, mejor poder adquisitivo y generación de riqueza para beneficio general. Y eso no va a suceder mientras el sistema de gobierno aliente los intereses de corto plazo entre los 50 mil que deciden por el uso del dinero público.
Poco a poco han ido surgiendo en México liderazgos sociales, locales y nacionales, de diversa índole, naturaleza y orientación política, que han ido tomando el papel de interlocutores y supervisores en las decisiones gubernamentales. Su labor es incluso valiente, pero muchas veces incomprendida o poco respaldada.
Con frecuencia, la mayor parte de la población acepta tácita y pasivamente que las decisiones sobre los recursos y los programas de gobierno se resuelvan entre relativamente pocos, cuando afectan a todos. Y desde esta circunstancia, muchos no respaldan la supervisión social que debe hacerse sobre los 50 mil servidores públicos privilegiados.
Y mientras está situación persista, no habrá grandes cambios. Seguiremos adoleciendo de falta de estadistas entre los servidores públicos que tomen decisiones que pueden no serles cómodas, pero que son convenientes para el bienestar general, el que se construye en el largo plazo.
A todos nos conviene respaldar las labores de vigilancia, supervisión y exigencia de cuentas a nuestros gobernantes. Mientras más se dé este respaldo, las decisiones que se tomen serán, a la larga, mejores para la mayoría.
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