¿Tenemos derecho a saber qué hacen nuestros gobernantes?

• LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS HAN POTENCIADO DRAMÁTICAMENTE EL ACCESO A DATOS QUE ANTERIORMENTE NO SE CONOCÍAN
• VIVIMOS UN TIEMPO DEFINITORIO EN EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS: QUÉ SÍ Y QUÉ NO DEBEMOS SABER LAS PERSONAS DE LOS ÓRGANOS DE PODER

Una amiga me cuestionó esta semana por haber resaltado en redes sociales la noticia de que el embajador de Estados Unidos en México manifestara a Washington su preocupación porque los grandes grupos económicos nacionales, como los de Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, ejercían presión efectiva sobre el gobierno para influir a su conveniencia en la aplicación de leyes, según revelaron varios medios de comunicación a partir de un cable filtrado por Wikileaks.
“¿Cuál es la novedad”, me preguntó mi amiga en Facebook.
La pregunta me puso a reflexionar cómo responderle. Muchos mexicanos creen que esa dominancia es conocida e irremediable. Esa noción de influencia desmedida de los grandes corporativos en la vida nacional ya es parte de la cultura política de México. La labor de filtración de comunicados estadounidenses propiciado por Wikileaks nos ha permitido “asomarnos sobre el hombro” de diplomáticos de ese país, accediendo extrañamente a lo que le preocupa a los poderes públicos en Estados Unidos y el resto del mundo. Se trata de textos que quienes los escriben y los reciben no contemplaron que algún día serían de conocimiento público. Ésa es la novedad.

SIGLO DE DEFINICIONES

El fenómeno mundial de trascendidos de Wikileaks ha actualizado un debate sobre el derecho a saber de las personas. ¿Podemos aspirar a conocer más detalles de cómo los gobiernos, los corporativos empresariales o las instituciones sociales cuyas decisiones afectan nuestras vidas deciden y operan? ¿Wikileaks es un ejemplo de libertad de información o, por el contrario, de actividad perversa? ¿Es posible pensar que las informaciones sobre actividades diplomáticas sean públicas?
En el caso del lote de documentos entre embajadas y el Departamento de Estado, que ha estado alimentando desde hace un par de meses a medios informativos y, en consecuencia, afectando las relaciones entre la Unión Americana y el resto de los países, lo novedoso no necesariamente está en lo que dicen, sino en quiénes y cómo lo dicen. Y si hubiera duda, habría que leer la entrevista exclusiva que el presidente Felipe Calderón otorgó a El Universal, en la que manifiesta su molestia contra los dos embajadores estadounidenses que le han correspondido desde que vive en Los Pinos.
Más allá de los enojos, los resentimientos y los bochornos diplomáticos es probable que los gobiernos tomen la experiencia con Wikileaks para afianzar su control y seguridad de las comunicaciones intragubernamentales. Para los ciudadanos, lo más importante es aprovechar que las nuevas tecnologías informáticas, de telecomunicaciones y mediáticas, permiten conocer la trastienda de los órganos de poder: fragmentos de diálogos, opiniones no censuradas sobre sus actividades.
Hoy hubo en Madrid un interesante debate entre los directores de los cinco medios de comunicación globales que originalmente tuvieron acceso a los archivos de Wikileaks: The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde y El País. Dos de ellos aseguraron que este siglo será fundamental en la batalla por definir los criterios de acceso público a la información sobre los órganos de poder.
Si es el caso, cada uno de nosotros está convocado a participar para, sin menoscabo de los datos que por razones de seguridad deben preservarse en discreción, el resto pueda estar al alcance del interés particular.
Ningún gobierno o entidad de poder nos va a conceder ese acceso si nosotros no defendemos nuestro derecho a saber.